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Polémica en Cataluña por la regulación de viviendas turísticas: ¿un decreto necesario o una intervención excesiva?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha levantado dudas sobre el tope máximo de viviendas turísticas en algunos municipios de Cataluña, desafiando así el decreto aprobado por la Generalitat. Este decreto, diseñado para proteger el entorno urbano, exige una licencia previa para los pisos turísticos en 140 municipios considerados tensionados.

Según la CNMC, la Generalitat debería haber justificado de manera más exhaustiva la necesidad y proporcionalidad de estas medidas, especialmente en lo que respecta al límite máximo de viviendas turísticas por habitante. Además, plantea que se debería considerar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en sentencias previas.

El documento propone como alternativa la implementación de un impuesto o tasa sobre la estancia en alojamientos turísticos, cuyos ingresos podrían destinarse a financiar medidas para facilitar el acceso a viviendas permanentes. Esta propuesta, respaldada por un estudio previo, argumenta que la competencia intensificada en el sector ha llevado a precios más bajos y una mayor calidad en los alojamientos turísticos, sin afectar negativamente al precio de las viviendas.

El Decreto-ley de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, aprobado por el Parlament, ha generado diversas opiniones. Aunque se ha modificado tras negociaciones intensas, algunos sectores lo consideran perjudicial para el turismo y la economía catalana. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) lo encuentra insuficiente y alarmante, ya que cree que deja en una situación precaria a un importante sector económico.

Por su parte, la patronal de pisos turísticos de Barcelona, APARTUR, expresa inquietud ante las declaraciones del alcalde que sugieren una reducción significativa de los pisos turísticos en la ciudad. Temen que esto tenga un impacto negativo en la competitividad de Barcelona como destino turístico internacional.

Además, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña y el despacho de abogados Círculo Legal critican la intervención excesiva del decreto, considerándola ideológica y alejada de la realidad económica y jurídica del país.

En conclusión, la regulación de viviendas turísticas en Cataluña ha generado controversia, con opiniones divididas sobre si es necesaria para proteger el entorno urbano o si representa una intervención estatal excesiva que podría tener repercusiones negativas en el turismo y la economía.

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